Las consecuencias sociales y laborales del TTIP: crónica de un desastre anunciado
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus
siglas en inglés) entre EE.UU. y la UE se está negociando entre las
grandes empresas multinacionales y las élites políticas a espaldas de la
ciudadanía de ambas regiones.
Su objetivo teórico es suprimir obstáculos arancelarios a la
actividad comercial (sin embargo las tasa aduaneras ya son bastantes
bajas: 5,2% en la Unión Europea y 3,5% en los Estados Unidos de
América), la inversión, el crecimiento económico y la creación de
empleo.
Su objetivo real es desregular y eliminar derechos sociales,
laborales, sindicales, normativas medioambientales y privatizar los
servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los
transportes, etc., para conseguir más beneficios.
El TTIP pretende garantizar las inversiones de las empresas por
encima de las leyes de los Estados, hasta el punto de que éstos tendrán
que indemnizar a las empresas si ven perjudicado el nivel previsto de
sus ganancias, a través del Instrumento de Resolución de Conflictos
entre Inversores y Estados, los famosos tribunales de arbitraje, no
sometidos a la justicia ordinaria de los Estados.
El TTIP es una vuelta de tuerca más, para acabar con los derechos de
la ciudadanía y disciplinar a los trabajadores y trabajadoras, al
acentuar los procesos de recortes, privatización y liberalización de
flujos de capitales, aumentando todavía más el poder del gran capital,
tal como ha sucedido con otros tratados, como con el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (NAFTA en inglés).
Desde esta perspectiva sus consecuencias van a ser negativas para la
agricultura, la alimentación y el medio rural, la salud, la privacidad,
el empleo, los derechos laborales y sociales y el medio ambiente.
CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES
Según el gobierno de EE.UU. con el TTIP se crearían millones de
puestos de trabajo. Existen estudios que hablan de la creación de
750.000 empleos y de un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la
UE de entre 1% y 0,5% hasta el 2.027, pero la misma Comisión lo reduce
al 0,1%. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de
los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo y el
metalúrgico.
Un estudio alternativo y crítico realizado por la Universidad de
Tufts, afirma, entre otras cosas, que se perderían 600.000 puestos de
trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su
participación en el PIB y se perderían ingresos público.
En lo que se refiere a los derechos laborales y sindicales, hay que
tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la
baja.
En Estados Unidos los derechos laborales y sindicales brillan por su
ausencia, en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no
armonizados1, al menos aunque formalmente esten minimamente
garantizados, se conculcan e incumplen cada vez más.
EE.UU. solamente ha firmado dos de los ocho convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los contrarios al trabajo
infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la
negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.
Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos
(incluidos los derechos laborales, sindicales y de salud), sociales y
culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que
entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Asimismo, entre los Estados de la Unión existe una competitividad por
atraer inversores, tanto de otros Estados como de países extranjeros,
para los cual en 24 de ellos han rebajado los salarios y recortado
derechos en seguridad y salud laboral. La negociación colectiva y la
organización sindical no están reconocidas, por lo tanto el derecho de
huelga y la libertad sindical han desaparecido del mundo laboral.
Se dan “facilidades para trabajar” (disponibilidad para el empleo o
empleabilidad), en lugar de trabajo. Se ha implantado el llamado
Workfare, la aceptación de cualquier trabajo bajo presión por parte de
los parados (desde una visión neoliberal se responsabiliza a los
desempleados de su propia situación, y no al contexto socioeconómico
que produce paro, pobreza y desigualdad), que también se denomina
paradójicamente right to work (derecho a trabajar). No está establecido
el salario mínimo, ni la seguridad y la salud en el centro de trabajo.
Los trabajadores de algunas multinacionales, como Wal-Mart y
McDonald's, cobran salarios de hambre, y tanto es así, que tienen que
solicitar los bonos de alimentación que concede el gobierno a los
pobres.
Esta es la situación laboral que muy probablemente podría implantarse
en los países de la UE, en aras de la competitividad, si llegara a
firmarse el TTIP.
Por otro lado, EE.UU. es el país más desigual del mundo, donde no se
reconoce el acceso a la atención médica como un derecho humano
fundamental. Su sistema de salud es privado casi en su totalidad y de
baja calidad. Recientemente se ha ampliado la atención sanitaria con el
presidente Obama, sin embargo casi la mitad de los 50 Estados de la
Unión se niegan a ampliar la atención sanitaria para los pobres.
Esta situación es debida principalmente al poder económico de las
grandes aseguradoras médicas. El que tiene dinero puede acceder a una
atención sanitaria de calidad.
Por su parte la UE hace ya décadas que aplica la política neoliberal
en todos los ámbitos, incluido especialmente el socioeconómico, la
política social, donde está incluida la política laboral, que se delega
claramente en los Estados miembros. Dicha política no sólo no acaba con
la desigualdad, el paro y la pobreza sino que los agudiza. Se limita a
diseñar y elaborar Planes, para que los pongan en marcha los Estados.
Se considera a los parados, igual que en EE.UU., como los únicos
responsables de su situación, por lo que hay que hacerlos “empleables”,
aplicándoles “políticas activas de empleo” (individualizan el problema) y
presionándoles para que acepten cualquier empleo, al potenciar los
contratos temporales y a tiempo parcial, el trabajo precario2.
Las prestaciones han perdido su consideración de DERECHOS y se han
tornado en “contratos obligacionales”, cual seguro asistencial,
debilitando seriamente las condiciones laborales.
Se está ampliando la edad de jubilación y reduciendo las pensiones.
Las reformas laborales dan todavía más poder a los empresarios. Por este
motivo, ha habido huelgas generales en Grecia, Portugal, España y,
recientemente, también en Italia y Bélgica.
Esta es la precaria situación de los derechos laborales y sociales en
la UE, en el marco del Tratado de Lisboa todavía vigente, que se
asemeja cada vez más, de un modo inquietante y peligroso, a los
parámetros estadounidenses.
Por consiguiente, es necesario luchar contra esta construcción
europea y contra el TTIP, desde la sociedad civil, los trabajadores y
trabajadoras y los sindicatos alternativos de clase, de forma coordinada
y eficaz, para que el gran capital no logre hacer desaparecer los
derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos
sociales, laborales y sindicales, cuya eliminación es el objetivo real
de estos acuerdos.
¡Contra la globalización de la explotación económica, internacionalismo obrero y solidaridad de clase!
BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST)
BALADRE
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)
COMISIONES DE BASE (CO.BAS)
COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (CSC)
INTERSINDICAL ARAGON (IA)
SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD (SAS)
SOLIDARIDAD OBRERA (SO)
