A cargo Javier Antón, profesor de Geografía en la UCM, militante de la CNT y vocal de Memoria Histórica de la FAL.
En el año 2013. el sindicato CNT presentó en Argentina una denuncia contra los crímenes del franquismo, dentro del proceso que se tramita en ese país contra el genocidio cometido por el régimen entre 1936 y 1977. La central anarcosindicalista se sumó a las acciones emprendidas ante los juzgados de Buenos Aires por parte de familiares de víctimas, asociaciones de recuperación de la memoria histórica y otras entidades.
Según destacó CNT, “la legislación internacional en materia de derechos humanos define como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, una serie de supuestos –asesinato, tortura, desaparición forzada o esclavitud, entre otros- que el franquismo cumplió en su totalidad”. En tal sentido, sostiene que “la llamada ‘Ley de Amnistía’ de 1977, fue en realidad una ley de punto final que garantizó la impunidad de los autores intelectuales y de los ejecutores materiales de gravísimas violaciones a los derechos humanos”.
En este contexto, CNT se personó como denunciante en la querella argentina contra los crímenes del franquismo “aportando miles de nombres de sus militantes represaliados por el franquismo, testimonios y declaraciones de testigos presenciales y supervivientes, así como documentación relativa al expolio e incautación de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a este sindicato”.
En 1936, este sindicato contaba con cerca de 1.7000.000 afiliados, cifra que incluso se incrementó durante el conflicto. “Transcurridos ya casi tres cuartos de siglo del golpe militar”, la organización anarcosindicalista ha proporcionado datos sobre “los desgarradores impactos que supuso ser cebo preferente de la acción represiva de dicho régimen totalitario”. Existen estimaciones del total de represaliados por el levantamiento militar y la dictadura: 50 mil fusilados, 73 mil asesinados en retaguardia, 30 mil desaparecidos, 500 mil internos y 10 mil fallecidos en campos de concentración, 300 mil encarcelados y un número indeterminado de violaciones, raptos y robos de niños.
No en vano, a lo largo de sus más de 300 páginas la denuncia desglosó los capítulos de la represión sufrida por el anarcosindicalismo desde los primeros momentos del golpe hasta los encausados en el famoso Tribunal de Orden Público (TOP), “incluyendo los asesinados, desaparecidos y torturados, así como los campos de concentración, los batallones de trabajo y las fosas comunes que el estado español sigue aún sin reconocer y dignificar”.
Esta organización destacó que el Estado “ha recibido sucesivas amonestaciones de instancias internacionales para que declare la Ley de Amnistía de nulo derecho y dé los pasos necesarios para la constitución de una comisión de la verdad. Sin embargo, “42 años después de morir el dictador, las víctimas siguen desamparadas y los crímenes impunes”. “La propia Ley de Memoria Histórica – ha subrayado- es otra ley de punto final, tal como la cataloga Amnistía Internacional”.
Por tales motivos, “CNT pretende intensificar las acciones para recuperar la verdadera memoria de todas y todos aquellos que dieron su vida por la libertad, recuperando el buen nombre de unas víctimas olvidadas y destacando el ejemplo desinteresado de aquellas y aquellos militantes confederales y libertarios que se opusieron a la dictadura”.
