Condenamos sin paliativos la represión puesta en marcha desde el
Ministerio del Interior para criminalizar la lucha sindical y social,
queriendo “hacer un problema de orden público” donde solo hay lucha
contra la injusticia social y en defensa de los derechos y los servicios
públicos.
Las órdenes dadas por la Fiscalía General del Estado para que se
pidan penas de cárcel a todas las personas que pasen a disposición
judicial, tras ser detenidas por haber participado en piquetes,
concentraciones, escraches, manifestaciones, etc. están llevando a tener
cientos de casos en la actualidad, donde se están pidiendo penas de
prisión de 2, 3, 4, 5 y hasta 8 años de cárcel por hechos que no han
causado daños de ningún tipo.
En cambio, por casos que han tenido graves consecuencias, como el
caso Arena en el que perdieron la vida cinco jóvenes, el fiscal está
pidiendo cuatro años de prisión para el único acusado por “cinco
homicidios imprudentes graves”, por poner un ejemplo. La justicia
distingue muy bien la lucha de clases, metiendo en prisión a las
personas de la clase obrera y casos muy especiales de la clase
dominante. En estos mínimos casos los indultos, recursos, prescripciones
acaban por poner en libertad rápidamente a “sus” condenados.
Todo esto sucede antes de que haya entrado en vigor la nueva Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley
Mordaza, que eleva las penas que hasta ahora eran “faltas” al grado de
“delito” y derivan otros hacia sanciones administrativas sometiendo a la
completa indefensión a la población en general y a los activistas
sociales y sindicales en particular.
Casos concretos como los siguientes son solo una muestra de la represión desatada por el gobierno:
- Urtzi y Telle, jóvenes vascos condenados a dos años y medio de
prisión por hacer pintadas durante la manifestación de la huelga general
del 29-M, que ya están cumpliendo prisión;
- Carlos y Carmen, condenados a tres años de prisión por participar en un piquete de la huelga general del 29-M en Granada;
- Alfon, joven antifascista detenido sin causa alguna en la huelga
general del 14-N al que se le piden 5 años y medio de prisión;
- Pablo, Jorge e Iñaki, jóvenes de Logroño, a los que se les pide 22 años de cárcel por participar en el 14-N;
- Laura Gómez y Eva Sánchez a las que piden 2 años y seis meses por
quemar unos billetes de juguete el 29-M ante la Bolsa de Barcelona;
- Las 14 personas del 15M identificadas en Madrid en la manifestación del 15.05.2011 para las que se piden 74 años de prisión;
- Miguel e Isma, detenidos tras el 22-M que pasaron 82 y 72 días en prisión preventiva;
- Eva y Rodrigo, el caso de “Cuatro Caminos Cuenca”, la fiscalía les
pedía 7 años y medio, en el primer juicio Eva ha sido absuelta y Ricardo
condenado a 8 meses por “resistencia a la autoridad”;
- David, Sergio, Hueso y Javi, detenidos el 14-N en Gijón para los que piden dos años y cuatro meses de prisión;
- Las miles y miles de multas y sanciones impuestas por convocar o participar en movilizaciones;
y un largo, muy largo etcétera.
La Reforma Laboral de febrero de 2012, es una ley no sólo
desreguladora de los derechos laborales, sino a la vez, es una ley
represiva sobre millones de personas trabajadoras: En estos tres años,
más de un millón de trabajadores y trabajadoras, han visto cercenado su
derecho fundamental por excelencia, el derecho a ganarse el pan; la
negociación colectiva y la cobertura de los conveniosha bajado más de 25
puntos; la depreciación y la bajada de salarios, ha situado el salario
más frecuente en menos de 700 €; la salud laboral se ha deteriorado
seriamente ante el empeoramiento de las condiciones del trabajo y la
libertad absoluta del empresario, ha conformado un control cuasi
absoluto sobre el trabajador, conformando un modelo de relaciones
laborales feudal.
A la vez, la Reforma Laboral ha dotado al empresariado de impunidad
ante actos de violación de los derechos fundamentales de las
trabajadoras y trabajadores y, al igual que la futura ley Mordaza,
constituye un estado continuo de excepción, donde la única seguridad es
la de los negocios y el sacrosanto beneficio patronal.
Ante este situación, el Bloque Combativo y de Clase manifiesta que
participará en la semana de lucha antirrepresiva que desarrollará
movilizaciones descentralizadas en todas las ciudades en la semana del 9
al 15 de febrero de 2015 y llamará a la clase trabajadora a movilizarse
contra esta represión de Estado que ningunea el llamado “estado social
democrático y de derecho” del que hipócritamente afirman que
disfrutamos.
3 de febrero de 2015
BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE
- ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST)
- BALADRE
- CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
- CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)
- COMISIONES DE BASE (CO.BAS)
- COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (CSC)
- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
- INTERSINDICAL ARAGON (IA)
- SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD (SAS)
- SOLIDARIDAD OBRERA (SO)
