El pasado 9 de marzo, la mesa de negociación constituida por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones que
ostentan la representación de la parte social del sector público, CCOO,
UGT y CSIF, firmaron el II Acuerdo para la mejora del empleo público.
Viene precedido por un pacto, alcanzado el 29 de marzo del año pasado,
con la novedad de que en éste ya se fijaban puntos concretos.
El acuerdo es el primer avance que se produce tras casi una década
sin negociación entre las partes, durante la que los distintos y
sucesivos gobiernos se han dedicado a aplicar los recortes que imponía
la agenda política de la austeridad. El contenido del acuerdo aborda
varios aspectos:
- -Salarios:
Se fija una subida salarial de un 6,1 % fijo hasta 2020, con una parte variable condicionada al crecimiento del PIB español y al cumplimiento del objetivo de déficit. En el mejor de los casos, se podría alcanzar una subida total del 8,8 %. - -Empleo:
Se determinan unas tasas de reposición que dependen de los objetivos de estabilidad presupuestaria que impone el gobierno. Éstas pueden ser, desde el 75 % en los servicios no prioritarios que no cumplan los objetivos, hasta el 110 %, en el caso de las administraciones locales que sí lo hagan. El acuerdo incluye un compromiso de estabilización para el 100 % de las plazas que se han ocupado de manera temporal e ininterrumpida durante los tres últimos años. - -Jornada:
El acuerdo incluye la posibilidad de que, en el marco de la negociación colectiva y siempre que se cumplan los objetivos de déficit, se pueda recuperar la jornada de 35 horas, o de 18 horas lectivas para docentes. Además, se posibilitan avances en materia de conciliación para cuidado de menores y dependientes. - -Otras medidas:
También se prevé la posibilidad de recuperar el 100 % del complemento económico de Incapacidad Temporal, mejoras en formación, un compromiso por los planes de formación y la capacidad de proponer jubilaciones parciales para determinados colectivos. Todo vinculado a lo que se acuerde mediante la negociación colectiva correspondiente a cada ámbito.
Desde CNT, tras una década de recortes y retrocesos, vemos muy tímidos estos avances por varios motivos:
- La mordaza de la deuda sigue asfixiando las condiciones laborales del sector público. Condicionar los acuerdos de la negociación colectiva al cumplimiento de los objetivos de deuda, introduce en aquella un criterio antisocial, por el cual la deuda es prioritaria frente a los derechos sociales y laborales. La recuperación de poder adquisitivo es, como poco, tímida, teniendo en cuenta los aumentos de jornada y las reducciones de sueldo de principios de esta década. Con las subidas propuestas, se admite tácitamente que esta recuperación no se va a producir, al menos, hasta pasado 2020.
- Desvincular las subidas salariales del IPC: otro engaño. Nos sorprende especialmente que se vincule la subida salarial al crecimiento del PIB, cuando este indicador nos es indiferente en nuestra vida cotidiana, a diferencia de otros, como el IPC. Que las subidas salariales del sector público se desvinculen del IPC las puede hacer completamente inocuas ante los incrementos de precios que, por ejemplo, se están dando en recursos básicos como la vivienda.
- Las tasas de reposición y el compromiso de estabilización pueden suponer un respiro para servicios y administraciones que están reducidas a su mínima expresión. Pero éste no puede darse de forma aislada: es necesario acompañarlo con una decisión clara de dotar de medios a la administración y de revertir las externalizaciones de servicios.
- La apuesta por el estado policial y represivo: en el mismo marco del acuerdo alcanzado se incluye una tasa de reposición para cuerpos represivos, a todos los niveles, del 115 %. Esta tasa es mayor que la que se contempla, en el mejor de los casos, para cualquier otra administración. Este dato, unido con el anuncio de la subida salarial generalizada para determinados cuerpos represivos, da a entender que la apuesta por un modelo autoritario y policial va calando en todos los movimientos del Estado.
Además de estas reflexiones, desde CNT tenemos que señalar que las
mejoras de las condiciones laborales de la función pública deben
trasladarse también a las plantillas de empresas que mantienen servicios
privatizados. Para ello, ofrecemos un modelo sindical capaz de entrar
hasta en la empresa más pequeña, con el que mejorar los derechos
colectivos de las plantillas y evitar la brecha entre quienes trabajan
para un explotador particular y quienes lo hacen para la administración.
