Las organizaciones sindicales de Catalunya CCOO, UGT, USOC, CGT, IAC, CNT-AIT y I-CSC quieren denunciar el creciente y preocupante protagonismo que están tomando las políticas de represión e intimidación de los poderes públicos para limitar las libertades y negar los derechos de la población.
Bajo el argumento de "la necesidad de neutralizar los violentos", el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat pretenden vincular la respuesta sindical y ciudadana en las políticas de recortes sociales y laborales a los desórdenes y la violencia urbana, ignorando el carácter social y pacífico de aquélla.
Desde hace un tiempo advertimos del giro autoritario del Gobierno del PP con anuncios de modificación del Código Penal para hacer frente a lo que dicen es un ejercicio excesivo de algunos derechos y libertades. En nuestro país tenemos que denunciar ya acciones absolutamente desproporcionadas, como la detención de dos estudiantes y otro compañero, Isma, Dani y Javier, el día de la huelga, y que aún siguen en prisión, la detención posterior de una sindicalista de la CGT, todos ellos aún en prisión preventiva, la detención en la misma fábrica de SEAT en Martorell de dos delegados sindicales de CCOO y UGT, la detención de varios militantes de la CNT tanto durante la huelga general como durante la celebración del 1 de mayo en diferentes localidades de Catalunya así como la creación de una página web de los Mossos d'Esquadra, de dudosa constitucionalidad con una exposición de fotografías y vídeos para que la ciudadanía colabore en la identificación de personas supuestamente violentas.
Ante estas políticas de represión e intimidación de los poderes públicos, los sindicatos CCOO, UGT, USOC, CGT, IAC, CNT-AIT y I-CSC hacen un llamamiento a las autoridades políticas para que cesen en su actuación represiva contra el movimiento sindical y asuman las consecuencias de una huelga general que tuvo un seguimiento masivo, y reclaman que las personas detenidas sean puestas en libertad. No se puede hacer un abuso, por parte de algún juez, de la utilización de la prisión preventiva para personas con arraigo social y sindical que no generan ninguna alarma social. Los principales sindicatos de Catalunya consideran inaceptable que se trate a personas que ejercen su derecho a reivindicar cambios de las políticas sociales y económicas como si fueran delincuentes, y alertan de que no permitirán que el conflicto social abierto por las injustas e ineficaces políticas de ajuste y eliminación de derechos derive en un conflicto de orden público.
