jueves, 22 de diciembre de 2011

Nuevo Gobierno Viejas políticas

Como fruto de la pantomima electoral para simular que hay democracia, cada cierto tiempo se produce una alternancia en el Gobierno entre el PSOE y el PP, ambos partidos al servicio de la élite financiera que realmente ostenta el poder. En esta ocasión le ha tocado gobernar al PP , Mariano Rajoy ha sido investido como nuevo Presidente del Gobierno.

En su discurso de investidura, aunque lo suficientemente ambiguo y poco claro para no desvelar por completo sus oscuras intenciones, Rajoy sí ha mostrado ya su intención de continuar en la senda de las mismas políticas que se han venido aplicando durante los últimos 30 años en nuestro país, tanto por el PP como por el PSOE (reducción de impuestos y aumento de las bonificaciones para los empresarios, recortes salariales y sociales para los trabajadores, privatizaciones, y regalos para la Banca…) .

Concretamente ha señalado que los tres ejes fundamentales e inmediatos sobre los que va a girar su Gobierno son el establecimiento de una ley de Estabilidad Presupuestaria, y en ese sentido anunció para el próximo año un recorte como mínimo de 16.500 millones de euros que sin duda afectarán a las principales partidas del gasto social, (educación, sanidad, desempleo…). En segundo lugar, promete una reforma para afrontar el saneamiento del sistema financiero, eufemismo tras el que se esconde la intención de sanear con dinero público las cajas de ahorro y bancos en situación de quiebra técnica para luego, una vez saneados, regalárselos a precio de saldo a los grandes bancos. En tercer lugar, plantea una reforma integral y profunda del mercado de trabajo que abarcará una nueva Reforma Laboral para conseguir abaratar más aún los salarios y los costes del despido, nuevas formas de contratos basura para los jóvenes, una nueva reforma de la negociación colectiva para terminar con los escasos medios legales con que aún contamos los trabajadores para defendernos frente a la voracidad de la patronal y nuevas normas para controlar el absentismo y presionar a los trabajadores para que no se den de baja cuando enferman.

En definitiva, más de lo mismo: se les llena la boca hablando de austeridad pero reducen el impuesto de sociedades a las empresas, aumentan las bonificaciones empresariales de la seguridad social, regalan miles de millones de dinero público para los bancos y la patronal y permiten que estos bancos y grandes empresas defrauden a Hacienda miles de millones a través de sus chiringuitos financieros en los paraísos fiscales. Mientras, para los trabajadores sólo anuncian nuevos recortes salariales y sociales, en aras de la sacrosanta competitividad. Finalmente, para combatir la mayor lacra de este país que es el paro no se les ocurre mejor cosa que congelar la oferta de empleo público y destruir miles de puestos de trabajo al no cubrir ni una sola de las vacantes que dejan los funcionarios que se jubilan.

Caso paradigmático de lo que decimos es el nombramiento de quien va a pilotar la política económica del nuevo Gobierno, Luis de Guindos, exjefe de Lehman Brothers, el banco de inversión estadounidense que quebró en 2008, y uno de los desencadenantes del seísmo financiero que estuvo detrás de la crisis financiera y económica que surgió después. Que nadie se llame a engaño, lo que nos espera es más capitalismo salvaje e inhumano.

Sí, el panorama que se nos presenta a los trabajadores es realmente sombrío, pero no es hora ni de resignarse ni de lamentaciones estériles sino de ponerse manos a la obra, organizar la resistencia, combatir sin dilación y sin tregua con todas nuestras fuerzas al sistema capitalista y a quienes lo sustentan, un sistema que nos conduce a la barbarie y la miseria; el dilema es claro, si no les paramos los pies y ganan ellos esta guerra declarada contra los derechos sociales y laborales que tantas luchas costaron conseguir, volveremos a los peores tiempos del capitalismo salvaje. Por el contrario, podemos optar por unirnos, organizarnos y echarnos a la calle a defendernos y a luchar hasta vencer.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de CNT

lunes, 19 de diciembre de 2011

Crónica de la concentración en Madrid en solidaridad con Ciudad Juárez


El sábado 17 de diciembre, la Confederación Regional Centro de CNT-AIT se concentró junto a la Embajada de Méjico, en Madrid, para mostrar su apoyo y solidaridad con los defensores de los derechos humanos de Ciudad Juárez.
A las 12h del sábado 17, un grupo de militantes de la Confederación Regional Centro se concentraba al lado de la embajada mejicana de Madrid con el fin de informar a los transeúntes de la situación en Ciudad Juárez, - donde a día de hoy el número de personas asesinadas por los narcotraficantes, y en connivencia con la policía, asciende a 9000 - así como denunciar públicamente la complicidad del Estado mejicano y español con estos hechos.
Además de los folletos informativos que se repartieron, un compañero no sólo lanzaba consignas por el megáfono; sino que posteriormente las argumentaba. De esta manera se informó a los ciudadanos que detrás de los crudos lemas “El Chapo y Calderón, terroristas son” y “Estado terrorista, asesinas activistas”, la explicación de la realidad es aún peor:
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, se dedica a ejercer una narcopolítica mano a mano con el más alto capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Bajo el pretexto de llevar a cabo una lucha contra el narcotráfico, no se dedica sino a proteger al cártel de Sinaloa en vistas a ayudarle a monopolizar el negocio y sacar beneficios.
Es por ello que la población de Ciudad Juárez vive en un estado constante de vulnerabilidad e inseguridad, ya no sólo por los secuestros, desapariciones, asesinatos y demás abusos cometidos por los narcos, sino por la estrecha colaboración y complicidad que las fuerzas del orden mantienen con éstos. De hecho, el pasado 1 de noviembre, la policía detuvo, torturó y acuso de delincuentes al grupo de 32 personas que se manifestaban en pro de los derechos humanos y en honor a los 9000 asesinados.
Otro de los lemas coreados fue “Estado español, colaborador”, ya que las exportaciones españolas de material militar no paran de crecer, llegándose a enviar en el 2010 a Méjico material militar por valor de 132,72 millones de euros.
Mucho ánimo para todos aquellos que luchan por defender los derechos humanos, aún bajo las peores condiciones. “Ni con balas ni metrallas, al pueblo se le calla”.
Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Nuestra fuerza es la solidaridad;
solidaridad internacional.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Sábado 17 de diciembre. Concentración en Madrid en solidaridad con Ciudad Juárez

El acto será a las 12h frente a la Embajada de Méjico (C/ Carrera de San Jerónimo, 46), Madrid. Organiza: Confederación Regional Centro de CNT-AIT.

LA CNT CONVOCA UNA CONCENTRACIÓN DE APOYO A LOS/AS DEFENSORES/AS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CIUDAD JUÁREZ (MÉJICO) Y DENUNCIA PÚBLICAMENTE LAS 9.000 MUERTES VIOLENTAS ACONTECIDAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS POR LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA ALIANZA DEL ESTADO CON EL NARCOTRAFICO
Actualmente Ciudad Juárez atraviesa por una situación de violencia extrema, generada por la actividad del narcotráfico y la complicidad del gobierno con el mismo. Es 9.000 el número de muertes por causas violentas desde el 2008 en dicha ciudad. Su población vive cotidianamente la represión por parte de las fuerzas militares, en un estado completo de vulnerabilidad e inseguridad. Secuestros, desapariciones forzadas, violaciones reiteradas a los derechos humanos, homicidios-feminicidios y más abusos, son cometidos tanto por miembros de alguna mafia o bien, por uniformados de la policía local, nacional o del ejército.
Son muy poc@s aquéll@s que se atreven a denunciarlo, por miedo o porque han recibido amenazas. Muchos activistas defensores ya han perecido en medio de hostigamiento y persecución por parte de las autoridades, entre ell@s Marisela Escobedo y varios integrantes de la familia Reyes Salazar, quienes habían emprendido una fuerte protesta antimilitarista. Algunos otr@s han escapado de la persecución, pero han resultado seriamente heridos, como el estudiante universitario Darío Álvarez Orrantia, a quien la policía le disparó cuando se manifestaba pacíficamente, fuera del edificio universitario.
El pasado 1 de noviembre, la policía detuvo a un grupo de 32 personas por manifestarse en la vía pública. La actividad que tenían prevista era la de pegar 9000 cruces de papel, por cada un@ de l@s asesinad@s en la ciudad, misma actividad que fue brutalmente interrupida por las fuerzas del orden público. Fueron torturad@s, acusad@s de delincuentes bajo pruebas inexistentes, privad@s del derecho de comunicación con sus familiares y amenazados de muerte por los propios miembros del cuerpo policial. L@s mencionad@s manifestantes son el único núcleo activo de personas que queda en la ciudad para exigir justicia.
Por ello, para este sábado, día 17 de diciembre, a las 12 de la mañana y frente a la Embajada de Méjico en Madrid, convocamos un acto de información y denuncia pública, porque sabemos que se desconoce mucho de lo que ahí ocurre (aún) y que el desconocimiento genera impunidad. Pero también lo hacemos porque no se ha perdido la esperanza, porque en Ciudad Juárez todavía queda un grupo de defensores de los derechos humanos, con fuerzas y valor para manifestarse y salir a la calle, porque han retomado la actividad y han vuelto a salir a protestar.
Apoyamos su lucha porque la consideramos legítima, porque creemos que deben ser protegidos en su integridad y seguridad de las amenazas recibidas. Hacemos un llamado a la población para que ofrezca su solidaridad con las personas que están sufriendo el acoso del narcotráfico y del Estado que es su cómplice.
CONFEDERACIÓN REGIONAL CENTRO DE CNT-AIT

CNT celebra la suspensión del traslado de los fondos documentales del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca

La organización anarcosindicalista continuará luchando hasta que se reconozca el derecho de este sindicato sobre los fondos documentales.
Finalmente se ha suspendido la reunión que el Patronato del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca pretendía celebrar la tarde del martes . En ella, con nocturnidad y apurando los últimos días de gobierno socialista, se pretendía aprobar una nueva transferencia de fondos documentales a Cataluña. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) celebra que no se haya llevado a cabo dicha transferencia; no en vano, la mayor parte de la documentación que se pretendía trasladar pertenece al archivo de esta organización sindical.
Por ello, de haberse consumado, hubiese constituido un nuevo expolio a los auténticos dueños de dicha documentación, la CNT. Varias han sido ya las veces en que se ha producido una vulneración de la legislación en detrimento de la dignidad de todas las organizaciones que tienen la documentación incautada por el franquismo y que está en poder del estado español.
La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca no han sido los únicos que han instado al Ministerio de Cultura a no realizar la transferencia. CNT ha exigido por escrito al Ministerio de Cultura la paralización inmediata del que pretendía ser un nuevo envío; pero por razones bien distintas. Mientras que ambas instituciones buscan que ninguna documentación salga de Salamanca bajo ningún concepto (amparándose en la no disgregación de lo que ellos consideran un patrimonio documental común), esta organización sindical lucha porque le sea devuelto su patrimonio.
La CNT viene reclamando desde 1977 la devolución de todo su Patrimonio Sindical Histórico, entre el que se incluye los archivos y fondos documentales incautados por el régimen franquista y que actualmente se encuentran en posesión del Estado en diferentes archivos históricos. Una parte importante de ese patrimonio histórico documental está depositado en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca (antiguo Archivo General de la Guerra Civil). La CNT mantiene que es la legítima titular de dichos fondos documentales, y en ese sentido ha iniciado distintas actuaciones legales, algunas aún en marcha:
– Al amparo de la la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, la confederación sindical pidió la reintegración de diversos bienes. Esta Ley fue modificada por el Real Decreto-Ley 13/2005, estableciendo el 31 de Enero de 2006 como fecha límite para reclamar el Patrimonio Sindical. La demanda se encuentra en su última fase; la Sala del Supremo se reunió el pasado 7 de diciembre para dictar sentencia al respecto. De forma cuatelar se le pidió a esta Sala que paralizara toda entrega de documentación a la Generalitat. El Supremo desestimó esta petición.
– Por otro lado, tras la promulgación de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, la Confederación Nacional del Trabajo reclamó, en la forma que establecía el Real Decreto 2134/2008, toda su documentación para que le fuese reconocida y devuelta. Este Decreto estableció el procedimiento a seguir para la resitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, permitiendo al resto de comunidades autónomas solicitar la devolución de los fondos documentales y otros efectos. Son por tanto las comunidades autónomas las encargadas de iniciar el proceso, obligando a las personas físicas y organizaciones a que realicen el proceso a través de la comunidad autónoma en la que tengan su domicilio o sede principal. De esta forma, se dejaba al arbitrio de cada comunidad autónoma el que se pudiera o no recuperar la documentación. De hecho, así ha sido en el caso de CNT. Se realizó la solicitud, en tiempo y forma, a la Comunidad de Madrid (al estar nuestra sede principal en dicha comunidad autónoma). La Comunidad se declaró incompetente y remitió el expediente al Ministerio de Cultura, declarándose también éste incompetente, indicando que, si la Comunidad de Madrid no inicia los trámites de recuperación de la documentación, la CNT carece de un derecho subjetivo a reclamarlos (en esta situación están también Izquierda Republicana, UGT y un particular). Es decir, que, según el Ministerio de Cultura, aquellas organizaciones que tengan su sede social en una comunidad autónoma que no quiere iniciar los trámites de recuperación, no tendrían derecho a recuperar su documentación. Frente a esta situación se iniciaron dos iniciativas legales. Por un lado, solicitar al Tribunal Contitucional que decidiera qué Administración tiene las competencias; solicitud que fue desestimada alegando que primero se debía agotar la vía administrativa y contencioso-administrativa, y que, en cualquier caso, para que ese Tribunal pudiera pronunciarse sobre esta cuestión tendría que analizarse si tiene naturaleza constitucional o de estatutos de autonomía. En pocas palabras, pasó del asunto. Por otro lado, se recurrió por la vía contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión del Ministerio de Cultura. Ese recurso se ha admitido a trámite y el Tribunal ha pedido el expediente al Ministerio. Por tanto, la CNT se encuentra a la espera de que se le entregue dicho expediente para poder presentar la correspondiente demanda.
– Asimismo, por la vía de la misma Ley 21/2005 (de marcado carácter político partidista al favorecer al gobierno catalán para recuperar toda la documentación que se encontrara en su territorio cuando acabó la Guerra Civil, y vulnerando el derecho de igualdad que marca la propia Constitución), se iniciaron los trámites administrativos para la recuperación de los documentos que la habían sido entregados desde Salamanca a la Generalitat de Catalunya. Hubo varios escritos y requerimientos, y finalmente la Generalitat comunicó a la organización sindical que no pretende dar difusión de la documentación recibida ni iniciar el proceso restitución a sus legítimos propietarios en tanto no reciba toda la documentación y objetos susceptibles de ser recuperados.
La respuesta parece estar clara: dispersar la documentación de CNT y conceder al gobierno catalán el derecho de botín de guerra para con la documentación libertaria, fuese esta catalana o no, negándole a los auténticos dueños el derecho que sobre su propio patrimonio tienen.
Se ha puesto de relieve que la legislación se está interpretando a gusto del gobierno catalán; para unos casos se aplica el principio de procedencia del territorio donde fue incautada, para otros el principio de procedencia de la sede de la organización formante y en otros el principio de procedencia que más interese a la Generalitat de Catalunya. Esto es una perversión política, una indignidad histórica y el mantenimiento de una injusticia innombrable con los que fueron víctimas de la dictadura franquista.
Es importante señalar que la Generalitat, al amparo de la Ley 21/2005, comenzó a digitalizar toda la documentación catalana que hubiese salido de organizaciones que tuvieran su sede en Cataluña y ello imposibilitó, en parte, que los investigadores de la Fundación Anselmo Lorenzo (ligada a la CNT) pudieran realizar el inventario sin problemas. Desde el momento que llegaron los digitalizadores del gobierno catalán, los investigadores empezaron a no tener acceso a las cajas de documentos que se pretendían entregar a la Generalitat de Catalunya. Se les otorgó libre acceso a la documentación, impidiéndoselo a sus legítimos propietarios. De esta forma, se ha estado entorpeciendo el ejercicio del derecho de reclamación que el Real Decreto 2134/2008 establece.
La Ley 21/2005 entra, asimismo, en contradicción con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado y su Reglamento, Real Decreto 1671/1986, que prevé la restitución a las organizaciones sindicales de aquellos bienes y derechos que estén en “poder de la Administración del Estado”.
A tenor de lo expresado en numerosas ocasiones por el partido político que conformará el próximo gobierno, es muy probable que éste paralice todo envío a Cataluña. De esta forma, el gobierno catalán, amparándose en que no se ha retornado toda la documentación y objetos susceptibles de ser recuperados, se negará a dar difusión de los mismos e iniciar el plazo de presentación solicitudes de restitución, manteniendo el criterio seguido hasta la fecha para dilatar la devolución a sus legítimos propietarios. La CNT se vería en un callejón legal sin salida. Por un lado, no pudiendo solicitar a través de la comunidad autónoma que le corresponde según su domicilio social (por la negativa de ésta a participar) los documentos incautados. Por otro, la documentación injustamente trasladada a Cataluña tampoco podría seguir su curso legal, hasta llegar a manos de sus propietarios, si el gobierno catalán mantuviese la misma postura que hasta el momento.
La CNT espera que sean atendidas sus peticiones, y que el gobierno de turno entrante no entorpezca la vuelta a casa de un patrimonio que sólo tiene un dueño, la propia CNT. De no ser así, esta organización volcará toda su fuerza por la recuperación de lo que es suyo. Ningún tribunal o administración podrá negarle lo que con tanto esfuerzo crearon cientos de miles de militantes de este sindicato.
Secretaría de Patrimonio de CNT

jueves, 8 de diciembre de 2011

Crónica de la concentración en apoyo a lxs activistas sociales de Ciudad Juárez.

El pasado sábado realizamos una concentración convocada por CNT, a las puertas de la Subdelegación de Gobierno de Ávila, para exigir el cese de la persecución y hostigamiento político a los defensores de los derechos humanos en Ciudad Juárez.
En los últimos meses, México ha sido objeto de atención internacional, debido a un incremento desmedido en sus índices de violencia, provocados por las políticas de combate a las drogas emprendidas por el gobierno federal. La militarización del país desde el 2008 ha significado la reiterada violación a los derechos humanos, torturas, amenazas y una consecuente impunidad. La población se encuentra secuestrada en medio del campo de batalla de enfrentamientos armados por intereses económicos ilícitos, en el que las más de 30 000 víctimas han sido denominadas como “daños colaterales”. La estrategia del Estado para combatir la delincuencia organizada son las armas, mientras que los grandes capitales, empresas e instituciones constituidas con dinero del narcotráfico, jamás han sido desmanteladas por él. Por tal razón su política no sólo es fallida, sino además un evidente “terrorismo de Estado”.
En la concentración se han denunciado no sólo las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad de la población en general, sino también la brutal represión y amenazas que recibieron el grupo de activistas “indignadxs” el pasado 1 de noviembre por elementos de la policía. Se denunció también el constante acoso y asesinato de lxs participantes de la lucha antimilitarista y de la lucha por la justicia, que se emprende en México: Marisela Escobedo, La familia Reyes Salazar, Carlos Sinuhé, Nepomuceno Moreno y muchas más víctimas.
Justo unas horas antes del acto convocado, Norma Andrade, una tenaz activista contra la violencia, fue víctima de la agresión armada, producto de un plan de atentado a su persona y no un asalto común, como falsamente han comunicado las autoridades y varios medios. En éstos momentos se espera su óptimo reestablecimiento, luego de su ingreso al hospital y se exigen garantías de protección hacia su persona.
Bajo los lemas “Juárez no es cuartel, fuera ejército de él”, “ni con balas ni metrallas, al pueblo se le calla”, “Estado terrorista que asesinas activistas” y “Estado español su colaborador”, lxs manifestantes expresamos nuestro total repudio a la mentirosa guerra contra el narcotráfico, a la militarización de México y a los abusos ejercidos contra lxs activistas defensores de derechos humanos. Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a las acciones que ahí se emprendan, nuestra constante difusión de las denuncias y el establecimiento de un lazo de unidad contra las fuerzas represivas del Estado.
No más sangre en Ciudad Juárez
Si tocan a unx, nos tocan a todxs.